En un reciente discurso, la ministra de Hacienda en funciones abogaba por un aumento del tamaño del Estado y anunciaba un brutal aumento de la presión fiscal criticando la idea de que “el dinero de los contribuyentes está mejor en sus bolsillos”, concepto que tildaba con cierto desprecio de “mantra”. La frase, copiada palabra por palabra de un artículo de opinión digital de hace dos meses, describe bien el desastre que se nos echa encima cual maldición. La ministra también pedía “pedagogía fiscal”, y en eso estoy de acuerdo: como socialista radical, ella misma la necesita urgentemente, y con ella la inmensa mayoría de nuestra clase política.
En efecto, los socialistas de todos los partidos, sea por ignorancia o por sectarismo, creen que el dinero crece en los árboles y desconocen por completo el proceso creador de riqueza. Ésta nace, cómo no, de los empresarios, grandes, medianos y pequeños, quienes con ingenio y sacrificio arriesgan su patrimonio para ofrecer bienes y servicios a sus conciudadanos en mejores condiciones que la competencia, creando empleos y riqueza para todos (aquellos que sobreviven), y del esfuerzo de toda la comunidad de trabajadores de la empresa, unidos por un proyecto común. ¡Qué fácil es hablar de gastar el dinero que han ganado otros con su sudor! A su ignorancia, los socialistas unen la fatal arrogancia que denunció Hayek, esto es, la creencia de que un grupo de políticos y adláteres, escoltados por una marabunta de burócratas bastante improductivos y especializados sobre todo en poner trabas absurdas a los ciudadanos, son una supuesta élite que sabe más y puede decidir mejor que cada uno de nosotros el destino de nuestro dinero. La realidad, desde luego, es exactamente la contraria. El dinero “de todos” (o sea, de nadie, pero gestionado por los políticos) es un recurso escaso (otro concepto desconocido para la mente socialista) que se despilfarra escandalosamente en la descarada compra de votos con subsidios y subvenciones, en inversiones sin sentido (recuerden los aeropuertos o AVEs vacíos, por ejemplo) o en crear y mantener una burocracia gigante con la que extender los tentáculos del poder. Los gastos sólo pueden crecer, nunca disminuir: el presupuesto de cada departamento es la medida del poder del mismo, así que nadie se plantea ahorrar para reducirlo. No hay que preocuparse ni por una cuenta de resultados ni por un balance, ni existe un dueño del dinero que exija, reclame o audite las cifras para comprobar su veracidad, ni a nadie se le exige responsabilidad alguna por las decisiones erróneas tomadas en su gestión. Los socialistas de todos los partidos ni se juegan su dinero ni responden ante nadie de sus acciones. Con este perverso sistema de incentivos, ¿cómo van a gestionar eficazmente nuestro dinero?
En cuanto al sectarismo, en la defensa del “dinero público” y de la voracidad recaudatoria subyace la patológica aversión de la izquierda a la libertad y a la propiedad privada (ya saben, lo mío, mío, y lo tuyo, mío). Ambos conceptos están inextricablemente unidos: la defensa de la propiedad privada a través de un Estado de Derecho robusto (que también proteja de la rapiña y arbitrariedades del recaudador) es condición sine qua non para el mantenimiento de la libertad individual y el progreso. La propiedad privada no sólo es acorde a la justicia, sino que, como ya explicaba Santo Tomás de Aquino hace 800 años, es mucho más eficiente que su alternativa, primero porque “cada uno es más solícito en gestionar aquello que con exclusividad le pertenece que lo que es común a todos, puesto que cada cual, huyendo del trabajo, deja a otros el cuidado de lo que conviene al bien común; segundo, porque se administran más ordenadamente las cosas humanas si a cada uno le incumbe el cuidado de sus propios intereses”. El pasillo de su casa, querido lector, estará siempre más limpio y más cuidado que la acera de la calle.
Quienes aspiran a controlarnos desde el poder son los mayores defensores del Estado vampiro, astutamente denominado Estado de Bienestar. Obviando siempre el enorme despilfarro en el gasto corriente de la Administración (véase Andalucía), se escudan en el argumento del gasto social. En realidad, el gasto social (sanidad, educación y pensiones) es sólo la coartada que les permite seguir expoliando cada vez más al ciudadano desde una supuesta autoridad moral. Si el gasto social se dirigiera exclusivamente a cubrir las necesidades básicas de los más débiles todos coincidiríamos en defenderlo, puesto que esto no es más que el signo de una sociedad civilizada. Cabría matizar, empero, que es de aplicación el principio de subsidiariedad, esto es, que la ayuda debe ofrecerse en círculos concéntricos: primero los familiares y amigos, luego las obras de caridad privadas y, sólo cuando las demás instituciones hubieran fallado, el Estado, de forma limitada y subsidiaria, comenzando por la Administración local, la más cercana al ciudadano. Pero cuando el gasto social tiene carácter universal para beneficiar a todos sin excepción, queda claro que el objetivo no es el altruismo, sino el poder, siguiendo dos caminos. El primero es la compra de votos que convierte las elecciones en subastas, a ver quién da más. El segundo es la creación de la figura del ciudadano dependiente del poder, que entrega su libertad y su responsabilidad para convertirse en sumiso súbdito del gobierno de turno. Ambos caminos corrompen moralmente a los ciudadanos y terminan en el totalitarismo y en la pobreza. Por último, la provisión de servicios públicos a la mayoría autosuficiente bien podría realizarse en libre competencia con menor coste y mejor servicio y desarrollando de paso el sentido de responsabilidad individual y el ahorro, tan necesario. Al realizarse desde el Estado con un criterio electoralista y cortoplacista se da una falsa sensación de riqueza, ofreciendo servicios insostenibles en el largo plazo (como el sistema de pensiones, abocado a la quiebra). El disparatado nivel de deuda pública es el síntoma evidente de que la perversión de incentivos del Estado vampiro y la inflación de alegres promesas electorales nos ha hecho vivir por encima de nuestras posibilidades. La Gran Crisis de Deuda del 2008 nos cogió con un desempleo del 8% y un 36% de deuda pública sobre PIB. ¿Cómo vamos a afrontar la próxima recesión arrastrando la losa de una deuda del 100% del PIB (que lastra el crecimiento, como probaron Reinhart y Rogoff) y con un paro del 15%? ¿Y las siguientes?
Como última sugerencia pedagógica, sugiero a la clase política la lectura de literatura económica especializada, plagada de estudios econométricos que muestran tozudamente una relación inversa entre tamaño del Estado y crecimiento económico de un país: a mayor tamaño del Estado, menor crecimiento económico. Rahn llega a establecer un tamaño óptimo del Estado de entre el 15% y el 25% del PIB, típico de épocas no muy lejanas donde las economías crecían mucho más y cifra muy inferior a la media de la esclerótica socialdemocracia europea que hunde poco a poco a Europa y que en España, de forma paleta, se sigue tomando como modelo. Tampoco les vendría mal leer un exhaustivo estudio publicado por el Banco Central Europeo en el 2011 sobre 108 países en el período 1970-2008, que concluye taxativamente que “existe un significativo efecto negativo del tamaño del Estado en el crecimiento económico” y que “el efecto negativo del tamaño del Estado en el PIB per cápita es más pernicioso en países con baja calidad de sus instituciones”, como desgraciadamente es el caso de España tras décadas de deterioro causado por su irresponsable clase política.
Las ideas económicas socialistas son exactamente lo opuesto al rumbo que tendríamos que tomar para alcanzar el éxito, es decir, el rumbo que dicta la naturaleza humana, las leyes económicas, el sentido común y una abrumadora evidencia empírica: reducir simultáneamente el gasto público y los impuestos, fomentar la responsabilidad individual y la solidaridad voluntaria (la única virtuosa) y reforzar la seguridad jurídica protegiendo la libertad y la propiedad privada. El socialismo sólo conduce a la pobreza y a la pérdida de libertad, que ya se vislumbran en el horizonte. ¿No aprenderemos nunca?
Fernando del Pino Calvo-Sotelo
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