En nuestro país se habla mucho de democracia y poco de libertad. Sin embargo, el concepto importante es el segundo. Es decir, la democracia no un fin en sí mismo, sino el mejor medio para acercarnos al ideal de libertad. Richard Maybury define con sencillez magistral las dos leyes básicas que debe reconocer y promover un sistema político: no invadas los derechos de los demás ni su propiedad y cumple lo que hayas acordado. Es decir: libertad y orden. La democracia se aproximará más al ideal de libertad cuanto más facilite y exija el cumplimiento de estas dos leyes. Para ello no puede limitarse sólo a que los ciudadanos votemos cada cuatro años, es decir, un día de cada 1.500. Necesita de otros muchos ingredientes. Hoy quiero hablarles de uno de ellos: la transparencia.
Para que los ciudadanos puedan elegir bien a sus representantes necesitan tener una información objetiva con la que construir un juicio bien formado. Esto no es tan sencillo, pues deben superar dos formidables obstáculos. El primero es la inmensa utilización de la propaganda por parte de la clase dirigente con el objeto de manipular a la opinión pública. Esta propaganda es una fuerza tan incesante y poderosa que el ciudadano se encuentra siempre en inferioridad de condiciones para combatirla. La patología del poder y el abuso de la mentira superan la capacidad de comprensión del individuo ajeno a la política, a quien le resulta psicológicamente imposible creer que tales comportamientos se produzcan con tanta frecuencia y naturalidad.
El segundo obstáculo es la falta de transparencia. Esta opacidad, de la que España es significado ejemplo, se produce porque a la clase dirigente no le interesa equilibrar la relación gobernante-gobernado. Información es poder, y la clase dirigente quiere todo el poder para sí misma. Con una ciudadanía con información fidedigna y fácilmente accesible la demagogia y la propaganda lo tendrían más difícil; utilizaríamos más números y menos adjetivos; hablaríamos de realidades, no de utopías fantasiosas; de resultados, no de voluntarismos. Esto sí que sería Educación para la Ciudadanía, y no el bodrio totalitario y paleto que hemos sufrido.
Pues bien, creo que ya va siendo hora de que en España haya transparencia. Las empresas tenemos la obligación de publicar nuestras cuentas, auditadas con todo detalle por auditoría independiente, en un plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio; cada cierto número de años, las cotizadas deben incluso cambiar de firma auditora para asegurar su independencia. Sin embargo, los partidos políticos no publican sus cuentas, y sólo las audita un Tribunal de Cuentas escasísimo de medios con cuatro o cinco años de retraso. Y yo me pregunto sencillamente: ¿por qué? Según tengo entendido, Sindicatos, S.A, otra gran pata de este establishment español tan lleno de rancios privilegios, ni publican sus cuentas ni siquiera tienen obligación de ser auditados. ¿Por qué? Supongo que con la patronal ocurrirá lo mismo. Al parecer, en España, a diferencia de la India, tenemos un sistema de castas invertido: aquí los “intocables” son los que están arriba. Estos privilegiados, a semejanza de los fariseos, “atan cargas pesadas e insoportables, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas” (Mt 23,4). ¿Pero no éramos iguales ante la ley? ¿Por qué nosotros soportamos unas obligaciones que la casta de intocables, políticos, sindicatos y patronal, no soporta? ¿Quién decide que la casta tenga privilegios extraordinarios? ¿Ellos mismos? ¿Por qué se nos niega el derecho a saber con detalle a qué se destina nuestro dinero? La democracia, ¿no significaba “poder del pueblo”? ¿Cómo podemos ejercer ese poder si se nos niega sistemáticamente la información de control necesaria para ejercerlo?
Lo que yo busco es muy sencillo: ingresos y gastos; activo y pasivo. Quiero saber cuánto ingresan los partidos, sindicatos y patronal de los Presupuestos y, los dos últimos, de los faraónicos y chocantes programas de formación y empleo; también quiero saber cuánto gastan y en qué. Tengo simple curiosidad (no llega a más) por saber si las retribuciones en efectivo y en especie de los dirigentes sindicales se corresponden con sueldos de mercado; tengo también curiosidad por saber qué pensarán los trabajadores españoles cuando se enteren. Quiero saber cuántos inmuebles poseen partidos, sindicatos y patronal y cuál es su valor. Quiero saber cuánto deben a los bancos, cuánto les cobran de intereses, cuánto les condonan y por qué. Y creo que tengo derecho a saberlo porque ese dinero es mío. Y suyo, querido lector.
Pero no me quedo ahí: las responsabilidades civiles e incluso penales de los administradores de las empresas son enormes: la de los responsables de partidos y sindicatos, sin embargo, no (tampoco la de Gobiernos, reguladores y banqueros centrales salientes, aquí, en EEUU y en todas partes, los cuales pueden provocar el daño e irse de rositas). Los Consejos de Administración de sociedades cotizadas tienen que tener miembros independientes (o al menos que lo parezcan); sin embargo, los Comités Ejecutivos de los partidos, y como se llamen los órganos de gobierno de sindicatos y patronal, no. La remuneración de los administradores de las empresas cotizadas tiene que hacerse pública; la de partidos, sindicatos y patronal, no.
La transparencia sería un extraordinario modo de mejorar nuestra imagen y credibilidad en el mundo. Sería también un eficacísimo método de lucha contra la corrupción. Asimismo, concienciaría a la población de la tremenda alegría, frivolidad y arbitrariedad con que los políticos despilfarran nuestro dinero. Por ejemplo, cuando nos dijeran que se han visto “obligados” a subirnos los impuestos, cualquier ciudadano o medio de comunicación podría preguntarse por qué, en vez de ello, no han recortado este gasto superfluo, esa subvención o aquel lujo innecesario. A los políticos, la seguridad de ser controlados y observados con gran detalle les serviría de motivación para no gastar nuestro dinero como si no se acabara nunca.
Sugiero la creación de una página web del Gobierno donde cualquiera pueda encontrar con facilidad el rastro del dinero que ha pagado en impuestos con su sudor y con su esfuerzo. Con todo detalle y con toda sencillez, incluyendo Gobierno central y CCAA. Otros países en Europa ya la tienen. Asimismo sugiero que, a partir de cierta cuantía, cualquier entidad que reciba una mayoría de sus ingresos con cargo a fondos públicos publique sus cuentas consolidadas y auditadas con la misma exigencia informativa y de plazos que las empresas cotizadas. En concreto, aplicaría a partidos, sindicatos, patronal, fundaciones adyacentes, empresas públicas y, por desgracia, un largo etcétera. Por último, sugiero que se aplique a dirigentes políticos, sindicales y patronales el mismo régimen de responsabilidades que soportan los administradores de sociedades mercantiles.
Nunca hay que fijarse demasiado en lo que un Gobierno dice; lo que dice carece generalmente de importancia: palabrería que se lleva el viento. Hay que fijarse en lo que hace. Eso sí que tiene importancia, especialmente cuando sus acciones impliquen elección. La forma en que un político elige entre dos opciones suele resultar muy revelador. El partido de turno en el Gobierno central tiene mayoría absoluta y controla la mayor parte de Comunidades Autónomas, con lo que se le presenta una oportunidad única para hacer a España transparente. No encuentro una sola razón para no hacerlo. Si no lo hace, es porque no quiere, no porque no pueda. ¿Querrá?