La suicida ley de cambio climático

Publicado en Expansión

Hace unos años un americano me relató una divertida anécdota. En una reunión celebrada en Detroit entre representantes de las empresas automovilísticas y jovencitos imberbes enviados por la Administración Obama, zelotes del cambio climático imbuidos de ardor guerrero, éstos transmitieron a los industriales la necesidad de contar pronto con un coche eléctrico que tuviera una autonomía de 600 millas. Un veterano del sector argumentó que las leyes físicas obstaculizaban tal tarea, a lo que uno de los jóvenes replicó con enfado: “¿Qué leyes son ésas? ¿No se dan cuenta que controlamos el Congreso?”

Con similar frenesí, nuestro gobierno social-comunista, que controla el Congreso, ha aprobado la Ley de Cambio Climático creyendo que las inmutables leyes de la física pueden ser modificadas al albur de los dogmas ideológicos de moda. Que las dos primeras palabras de su exposición de motivos sean “Naciones Unidas” resulta elocuente, pues obedecemos, una vez más, las consignas de mundialistas recalcitrantes con complejo de dios que se pasan “las noches de claro en claro, y los días de turbio en turbio” soñando con sus febriles utopías de recreación del hombre y su mundo, corriendo el riesgo, como el Quijote, de que del poco dormir y del mucho enredar se les seque el cerebro y vengan a perder el juicio.

Lo que se ha ocultado al público es que esta ley supondrá un encarecimiento sin precedentes de la factura eléctrica en un país que ya ostenta el récord europeo de subida de precios en hogares desde 2008[1], pues al acercarse a su ideal de 100% de “renovables” obliga a sobredimensionar nuestro sistema eléctrico a un coste prohibitivo para evitar escenarios de apagones esporádicos.

El trasfondo ideológico de esta ley es innegable. Como diría Belloc, no hay que ser perspicaz como un hurón para atisbar la monomanía, el dogmatismo y la obediencia ciega a consignas supranacionales que impregnan su texto, un salto al vacío que va mucho más allá de la tradición socialista de disparatar en política energética por razones ideológicas sin que la alternancia política revierta tal tendencia. Esta deriva ha ido de menos a más, desde la moratoria nuclear de González (posiblemente su mayor error de juicio) hasta las frivolidades de Zapatero y sus energías “renovables”, tan rentables para algunos. No obstante, esta ley de tintes mesiánicos supera de lejos dichos precedentes, y el hecho de que solo un partido se haya opuesto a ella evidencia el escaso rigor intelectual y el preocupante nivel de contaminación ideológica “transversal” de nuestra clase política.

La aprobación de la ley ha sido apuntalada por una inaudita instrumentalización de la Agencia Estatal de Meteorología realizada por un gobierno que no deja institución sin politizar (o, al menos, sin polinizar). En efecto, desde la llegada de nuestra ministra climática en 2019, la AEMET se ve obligada a publicar un informe anual sobre cambio climático (más bien un anecdotario) cuya publicación se ha adelantado este año por razones políticas para hacerlo coincidir con la aprobación de la ley[2]. Lamentablemente, el informe repite la cantinela de que el calentamiento global ha provocado un aumento de fenómenos meteorológicos extremos a pesar de que incluso el IPCC reconoce que ni los huracanes, ni las inundaciones ni las sequías han aumentado a nivel global (AR5, cap. 2.6)[3]. Asimismo, realiza fantasiosas proyecciones de temperatura para lograr los habituales titulares apocalípticos extrapolando la tendencia de un intervalo cuidadosamente escogido y utilizando el escenario de emisiones RCP 8.5 desacreditado por los climatólogos como mera propaganda alarmista[4]. Por último, provee de una serie larga de temperaturas terrestres que debe tomarse con cautela, pues hasta hace poco la AEMET tampoco depuraba los datos del llamado Urban Heat Island (UHI) effect (termómetros que estaban en mitad del campo hace medio siglo y ahora se encuentran en mitad de una ciudad). Ignoro si ha subsanado estos defectos, pero, con todo, resulta ciertamente irónico que los datos muestren que prácticamente no hubo aumento de temperaturas en España entre 1850 y 1971 a pesar del aumento de CO2 atmosférico.

Vayamos al contenido de la ley. A lo largo de la historia, el ser humano ha utilizado su inteligencia para sustituir formas de energía ineficientes por otras más eficientes. Sin embargo, por primera vez asistimos a una insólita involución coercitiva que obliga a utilizar energías ineficientes cuyas carencias (técnicamente bien conocidas) se ocultan al público intencionadamente. Además de su escaso rendimiento, son intermitentes, pues la eólica depende del viento (que no sopla en todas partes ni a todas horas) y la fotovoltaica del sol, que no luce a todas horas ni de noche, como seguramente habrá observado la ministra. Así, pueden generar electricidad cuando no hay demanda y no hacerlo, en cambio, cuando sí la haya. En este sentido, conviene recordar que la electricidad no puede almacenarse salvo muy limitadamente, dato que suele pasarse por alto. Esta intermitencia les impide también actuar en el ajuste, regulación y programación de un sistema cuya demanda es variable en cada hora del día y que, además, posee factores de aleatoriedad. Dado que se debe cubrir siempre la demanda exigida en cada momento sin interrumpirse nunca, estas fuentes de energía no pueden por sí solas formar la base del sistema. Podrán ser un aditamento, un capricho o un adorno políticamente correcto, pero por sus propias limitaciones físicas no pueden jugar un papel preponderante, pues siempre necesitarán el apoyo de fuentes de generación tradicionales. Así, la engañifa del objetivo “100% renovable” realmente implica una duplicación y sobredimensionamiento del sistema a un coste prohibitivo.

Obediente hasta en la elección del nombre, esta ley copia a Alemania con su plan “Energiewende” (“transición energética”). El problema es que es un secreto a voces que el experimento alemán ha resultado un fracaso. Tras impulsar las renovables hasta el 40% de la generación eléctrica, Alemania es hoy el país del mundo con la electricidad más cara (más del doble que en EEUU) mientras sus emisiones de CO2 por Kwh han caído menos que en EEUU[5], Reino Unido o Francia (campeona de la energía nuclear), con muchas menos renovables[6]. Que Alemania haya pospuesto hasta el 2038 el fin del uso del carbón por la falta de realismo de sus previsiones (mientras inaugura una nueva planta de carbón de 1.100 MW) resulta significativo. La eólica y la fotovoltaica producen mucho CO2 durante su construcción y mantenimiento y causan daños ecológicos, como el aumento de temperatura local en las granjas fotovoltaicas o la disrupción de la fauna y del paisaje natural en esos antiestéticos espantajos llamados parques eólicos, cuyas disparatadas necesidades de superficie de terreno (por MW instalado) han contribuido al creciente hartazgo de la población alemana.

La desproporcionada imposición por ley de energías intermitentes, ineficientes, ruinosas e insostenibles que apenas reducen el CO2 sólo puede alegrar a esa singular alianza entre determinados intereses económicos y los druidas de la nueva religión climática global. Esta ley suicida para los intereses nacionales es un gravísimo error y debe ser abolida cuanto antes. ¿Quién lo hará? ¿El principal partido de la no-oposición, cómplice abstencionista en serie? Alguien ha decidido que España sea sacrificada en el altar de los nuevos dioses.

 

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

www.fpcs.es

 

[1] ACER Market Monitoring Report 2018 – Electricity and Gas Retail Markets Volume.pdf (europa.eu)

[2] Informe sobre el estado del clima de España. Resumen ejecutivo (aemet.es)

[3] https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_all_final.pdf cap. 2.6 pág 214-220.

[4] Emissions – the ‘business as usual’ story is misleading (nature.com)

[5] US Power Sector Emissions | CMU Power Sector Carbon Index (emissionsindex.org)

[6] Greenhouse gas emission intensity of electricity generation — European Environment Agency (europa.eu)

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