Qué poco le exigimos a nuestra clase política. Además, como ellos saben que el nivel demandado es bajo y que el castigo por incompetencia, inexistente, no sienten presión alguna para mejorar su performance, y cabalgan con altivez a lomos de ese rocín triste y patético que es el miedo al político, una de las grandes enfermedades de nuestro país. Incluso los gobernantes cuya ineptitud más nos ha dañado sufren una milagrosa metamorfosis por la que el mero paso del tiempo les transforma en estadistas, poniendo a prueba nuestra memoria y nuestra paciencia.
Sólo desde este contexto es posible entender la ausencia de espíritu crítico en la presentación de cuentas públicas del 2013, a mi entender muy preocupantes. En primer lugar, las cuentas han tardado en publicarse mucho. Tanto las cuentas del 2011 como las del 2012 se hicieron públicas a finales de febrero, mientras que las de este año se han presentado un mes más tarde. Quizá el motivo sea baladí, pero en el mundo de la empresa estos retrasos suelen ser motivo de preocupación, y cabe recalcar que, en contraste con la empresa privada, las cuentas públicas no están sujetas a auditoría externa a los seis meses del cierre del ejercicio (por cierto, ¿por qué no?), y su adulteración no tiene consecuencia legal alguna. En segundo lugar, volvemos a tener un déficit oficial superior al 7% del PIB, mientras que, según el Banco de España, la deuda pública ha aumentado en el 2013 en 77.000 millones de euros (aproximadamente un 7,5% del PIB), hasta alcanzar el 94% del PIB. Esta es la peor situación de las finanzas públicas españolas desde la Guerra de Cuba, hace más de un siglo (entonces fue inevitable hacer una reestructuración de la deuda). En tercer lugar, hemos incumplido la cifra acordada con Bruselas por quinta vez consecutiva, todo un récord. Las excusas para justificar el incumplimiento varían de un año a otro: hay que reconocer que aquí el Gobierno exhibe cierta dosis de creatividad. En esta ocasión se argumenta que la recesión (según parece, imprevista por el Gobierno en un nuevo error de previsión) ha convertido el agujero de las cuentas públicas en toda una proeza homérica. Un exitazo, vaya.
El patrón de conducta del actual Gobierno ha sido en el 2013 idéntico al del año anterior. Después de asegurar el cumplimiento “sí o sí” del objetivo fijado por Bruselas, suplica a la UE que le baje el listón permitiéndole un déficit muy superior al que semanas antes prometía alcanzar. La UE acepta (en marzo del 2013, el objetivo pasó del 4,5% al 6,5%). Pasan los meses. El Gobierno ve que tampoco es capaz de alcanzar el nuevo objetivo. Entonces sube los impuestos de forma desesperada, y en las últimas semanas del año, cuando todo se ha mostrado insuficiente para cuadrar los desajustes, llega el turno de la contabilidad agresiva y de las chapuzas de dudosa legalidad que destrozan la seguridad jurídica (el año pasado le tocó a los funcionarios con su paga extra; este año, al sector eléctrico).
Lasciate ogni speranza, escribió Dante hace 700 años. Pierdan toda esperanza: este Gobierno no va a reducir jamás el gasto público. Como miembros ejemplares de la logia sociata-keynesiana, piensan que los déficits no importan y que el gasto público debe ser preservado puesto que su disminución perjudicaría esa extraña medida llamada PIB. Es posible que también les frene la idea de que la disminución del gasto dañaría el tinglado parasitario que nuestra clase política tiene tan bien montado desde hace 35 años. Por ello, no cabe sorprenderse de que el actual Presidente del Gobierno dijera hace poco que existían “falsos mitos” en torno a la burocracia española, y que la administración en nuestro país no era “elefantiásica” ni pesaba “como una losa”. Me dirá usted, querido lector, que esta chocante pérdida de realidad es normal en nuestra clase política, cuyos miembros suelen haber vivido en una burbuja desde que tenían veintitantos, alejados de la intemperie de la vida normal mientras alternaban el ministerio y la sede del partido. Porque si la Administración española es un ejemplo de eficacia, tamaño y ligereza, ¿para qué propone el Gobierno su reforma? ¿Dónde quedan las duplicidades, la racionalización del disparatado estado autonómico, la eliminación de ayuntamientos, la disolución de empresas públicas o la privatización de algunas de ellas?
El Gobierno cree que el verdadero problema de las cuentas públicas es que no ingresan suficiente dinero. Los ingresos por PIB, aducen, son inferiores a países de nuestro entorno, y por ello hay que subir impuestos a troche y moche, inventarse estrafalarios hechos imponibles, destruir la presunción de inocencia del contribuyente y perseguirlo con la excusa del fraude real e imaginario (siempre y cuando no se trate de los partidos, sindicatos u otras instituciones del tinglado, naturalmente). Entiendo mal esta obsesión por aumentar los ingresos, que no dependen directamente de la acción de gobierno, y por no reducir los gastos, que sí dependen directamente de la misma. No actuar sobre la variable que controlas e intentar actuar sobre la que no controlas es una mala idea. Cruzar los dedos esperando un año, y otro, y otro a que una milagrosa recuperación económica te solucione el problema (justo antes de las elecciones), también.
Para reducir una deuda pública cercana al 100% del PIB la economía tendría que crecer de forma sostenida a tasas inimaginables en el entorno macro actual, crecimiento que a su vez, de forma perversa, sería lastrado por el propio endeudamiento (Rogoff, et al). Nos estamos acercando a un punto de no retorno. Para evitarlo, era crítico que la economía española se reinventara para aumentar significativamente su potencial de crecimiento. Sin embargo, las reformas estructurales que este Gobierno tenía la obligación de realizar para lograrlo (y compensar la calamitosa gestión del equipo precedente) continúan sin realizarse. Es más, he llegado a la conclusión de que este Gobierno no las realizará nunca. Recuerden que España tiene un modelo político-económico que ha producido una tasa media de paro del 17% en los últimos 35 años. Pudimos permitirnos este desastre porque partíamos, a mediados de los 70, de una situación de bajísima presión fiscal y una deuda pública de alrededor del 10% del PIB. No es el caso hoy. La vieja máquina del régimen del 78, llena de rigideces, plagada de redactores de normas absurdas, de pide-licencias, exige-papeles y fabrica-trabas, y que arrastra todo tipo de entidades parásitas, ha dado de sí lo que ha dado de sí, pero está exhausta. Con ella, España no puede competir en este mundo globalizado ni sobrevivir a la trampa de la deuda.
Gracias al BCE tenemos hoy una burbuja de bonos en los países europeos periféricos. Con un déficit del 7%, una deuda sobre el PIB del 94% y un paro del 26%, pagamos un tipo de interés nominal por los bonos a 10 años inferior al que pagábamos cuando teníamos superávit, una deuda pública inferior al 40% y una tasa de desempleo del 8% (¡qué caramba, la quebrada Grecia paga sólo un 6,5%!).
Entiendo por tanto que, con la aparente estabilización económica, los publicitados incrementos de recaudación y la burbuja de los mercados, quizá les sorprenda mi temor a que estemos caminando con paso lento pero seguro hacia alguna forma de suspensión de pagos. A mis lectores pertenecientes al Gobierno de turno les tranquilizará saber que muy probablemente esto no sucederá antes de las elecciones. Es lo único que importa, ¿verdad?