Hace unos años, Hugo Chávez, fallecido Presidente de Venezuela, realizó uno de sus habituales gestos propagandísticos delante de las cámaras de televisión. Paseando junto al alcalde de Caracas y empalagosamente aplaudido por la corte habitual de sonrientes seguidores, Chávez demandaba explicaciones sobre la propiedad de edificios que se alzaban a ambos lados de la calle que el grupo recorría a pie. Tras la oportuna explicación del alcalde sobre la propiedad privada de los mismos, Chávez daba una lacónica orden: “exprópiese”. En algún caso, porque “me han dicho (…) que en aquella casita vivió Bolívar recién casado”. Contrariamente a lo que esgrimen muchos de sus bienintencionados detractores, Chávez no lideraba ni una tiranía ni una dictadura, sino una democracia. Es más: Chávez era el ejemplo perfecto de la capacidad de degeneración de la democracia, incluso de la tendencia natural a la degeneración que tiene la democracia a través del cáncer del populismo y la demagogia, ejemplificando que democracia y libertad no tienen por qué ser sinónimos. Por lo tanto, decadencias como la de Venezuela o Argentina deben servirnos de aldabonazo sobre los riesgos de debilitar el imperio de la ley a través del populismo, amenaza siempre latente pero que se vuelve particularmente peligrosa durante crisis económicas profundas como la que vivimos.
Últimamente, los desahucios causados por la crisis se han convertido en objeto de atención mediática, en excusa para el activismo callejero ocioso y en causa de penosos ejemplos de legislación tercermundista realizada (para distraer al personal) por una administración autonómica presuntamente impregnada de una mugrienta capa de corrupción. Paralizar desahucios u obligar a que el dueño de un bien le dé un uso determinado bajo amenaza de que su posesión y disfrute pase a un tercero implica no respetar los contratos ni la propiedad privada, y ambas cosas son gravísimas. No debemos obviar que los desahucios con dramas personales, y existen casos extremos de desamparo que como sociedad civilizada tenemos la obligación moral de atender. Pero debemos hacer un esfuerzo para evitar el efecto de la propaganda, que siempre intenta manipular nuestros sentimientos para provocar una respuesta emocional inmediata que impida que la razón y el sentido común trabajen. La propaganda cuenta una historia dramática; si incluye niños que despierten nuestro natural instinto protector, mejor, y si incluye un malo a quien culpar, perfecto. No podemos olvidar que, desde un punto de vista formal, un ciudadano mayor de edad ha contratado libremente un préstamo con garantía real, ha dejado de pagar lo que debe a quien le prestó el dinero y quien le prestó el dinero reclama quedarse con el bien que financió y que garantizaba el préstamo, garantía sin la cual nadie (ni usted ni yo tampoco) le habría prestado nada. El ciudadano mayor de edad actuó así para beneficiarse, lucrarse o lucirse olvidando en muchos casos la prudencia requerida para no gastar más de lo que uno puede permitirse, manteniendo un cierto margen de seguridad.
Cumplir los contratos es seguridad jurídica, y ésta es imprescindible para el orden y el progreso de una sociedad. Debe quedar claro que sin orden no puede haber libertad. En España, lamentablemente, existe escaso y decreciente respeto por la seguridad jurídica. Despreciada por una clase política que no quiere que nada le entorpezca el abuso de poder arbitrario, es también ignorada por una población que, gracias a los esfuerzos de la clase política para que sea así, es económica y políticamente bastante inculta. Ya saben: un pueblo sometido a la oscuridad de la ignorancia y del pensamiento único es mucho más manejable para quien ostenta el poder. Nuestro orden constitucional tampoco ayuda. La Constitución del 78 espera hasta el artículo 33 para hablar de la propiedad privada y lo hace en términos ambiguos, sometiéndola a una “función social” vaga e indeterminada que, naturalmente, pueden determinar los políticos a voluntad. Y en el artículo 47 leemos algo de difícil comprensión: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. ¿Debe interpretarse que este supuesto derecho hace referencia a una vivienda gratuita o por debajo de su coste real, dado que derecho a comprar las cosas por su precio las tenemos todos sin necesidad de que lo refleje ninguna constitución de forma individualizada? Esto, ¿cómo se hace exactamente? ¿Exigiendo a los obreros y al arquitecto la “obligación” de trabajar gratis como contraprestación al “derecho” de tener gratis? ¿O a través de los impuestos? ¿Cómo decidimos quién tiene la ventaja de tener la casa gratis y quién tiene que trabajar para pagar por ella y, a través de los impuestos, por la de los otros? En el mundo real esto resulta un poco rarito. No obstante, el Estado del Bienestar, pervertido ya hasta la médula, se ha encargado de destruir sistemáticamente el concepto de responsabilidad individual. En vez de centrarse sólo en la defensa de los más débiles e indefensos, ha sacado de su chistera derechos extravagantes e inexistentes para todos y ha generado expectativas pueriles en la ciudadanía, la cual ha llegado a disociar la recompensa del esfuerzo; el sueldo, del trabajo; el justo premio, del sacrificio; y el disfrute generalizado de bienes o servicios, del pago de su coste.
En 1891 el Papa León XIII defendió con sabias palabras la inviolabilidad de la propiedad privada en la encíclica Rerum Novarum: “La totalidad del género humano, sin preocuparse en absoluto de las opiniones de unos pocos en desacuerdo (…), con la práctica de los siglos consagró la propiedad privada como la más conforme con la naturaleza del hombre y con la pacífica y tranquila convivencia”. Uno de los rasgos de la escasa cultura económica española es que el español tiene muy claro la inviolabilidad de la propiedad privada, pero sólo de la suya propia. La del vecino, por el contrario, no se considera inviolable, y si encima éste es más rico, el español medio no sólo le niega el derecho a la propiedad privada, sino que incluso afirma su derecho a reclamar parte de ella. El español ve con buenos ojos negar al banco la posibilidad del desahucio y, sin embargo, considera inaceptable no poder echar al inquilino al que tiene alquilado el piso y que hace meses que no le paga. El problema es que cuando no se respeta la propiedad privada, toda propiedad privada, el resultado final es caos, pérdida de libertad y pobreza. Cuando se niega el derecho a la propiedad privada, antes o después será tu propiedad privada, querido lector, la que te será arrebatada.
Los casos extremos de desamparo provocados por los desahucios deben ser atendidos aunque ello no implique necesariamente mantener a una familia en una casa que no le corresponde, sino asegurarle temporalmente un techo bajo el que cobijarse. Una cosa son estos casos y otra los de aquellos que, durante la burbuja, compraron inmuebles que no podían permitirse haciendo parecer tontos a aquellos que por prudencia no lo hicieron. No podemos aplicar el “si me va bien, gano yo, y si me va mal, que pierdan otros”. Asimismo, los bancos deben también asumir su responsabilidad por el abuso e insensatez con que en demasiadas ocasiones actuaron en la contratación de hipotecas. Pero o somos mayores de edad o no lo somos, para lo bueno y para lo malo. Elegir selectivamente cuándo somos responsables no vale en el mundo de los adultos. Si no cumplimos los contratos y no respetamos la propiedad privada nos convertiremos en una república bananera, si es que no lo somos ya.