¿Estado de alarma o dictadura?

Publicado en Expansión

España es el país con más muertos por coronavirus del mundo, ajustado por población: 547 muertos “oficiales” por millón de habitantes (incluyendo las nuevas cifras de Madrid y Cataluña reconocidas ayer), frente a 358 de Italia, 263 de Francia, 202 del Reino Unido, 86 de EEUU, 62 de Portugal, 46 de Alemania o 4 de Corea del Sur (fuente: worldmeters.com). Éste es el elocuente legado de la desastrosa gestión de la epidemia de un gobierno tan incompetente como embustero, que ha desinformado pertinazmente, entre otros asuntos, de la cifra de contagiados y fallecidos. Así, no sólo ha mentido a la población y faltado el respeto a los muertos y sus familiares, sino que ha contravenido la primera regla para luchar con éxito contra una epidemia, según la OMS: la transparencia.

El gobierno y sus escoltas mediáticos han insinuado la existencia de variables objetivas que explicarían la extraordinaria mortalidad en España, tales como el envejecimiento de la población o las deficiencias del sistema sanitario (sólo allá donde gobierna la oposición, naturalmente). Sin embargo, los datos no apoyan en absoluto estos argumentos. En España los mayores de 65 representan una proporción de la población ligeramente inferior a la media europea y varios puntos inferior a la de Alemania o Portugal, que han sufrido una mortalidad muchísimo más baja que la nuestra. El país más envejecido del mundo, Japón, con un 28% de la población mayor de 65 años (frente al 19% de España), ha tenido hasta ahora 1 muerto por coronavirus por millón de habitantes. Luego nuestro exceso de mortalidad no se debe a particularidades demográficas. ¿Y al sistema sanitario? No parece existir correlación alguna entre la mortalidad de la pandemia y la eficiencia de los sistemas de salud: dos de los países con más muertos por millón de habitantes, España e Italia, tienen una Sanidad muy bien calificada en el ranking de la OMS, e incluso variables cuantitativas como el número de camas UCI por 100.000 habitantes tampoco muestran correlación alguna con la mortalidad exhibida.

Por lo tanto, en ausencia de factores objetivos es lógico creer que la principal causa de la excesiva mortalidad de la pandemia en España ha sido la ineptitud de nuestras autoridades que, al mantener los vuelos procedentes del foco italiano mucho después de conocerse la virulencia de la epidemia en aquel país y negarse negligentemente a adoptar medidas de contención temprana, importaron el virus, dejaron que se expandiera y, como agravante, fomentaron deliberadamente la asistencia a actos multitudinarios como la manifestación del 8-M en Madrid y en otros lugares: si el distanciamiento es clave para la contención, imagínense cómo habrán sido de eficaces para la propagación del virus estos actos masivos y vociferantes. Por último, el gobierno ha mostrado una incompetencia manifiesta al no lograr paliar el desabastecimiento tercermundista de medios de protección en medio de un caos grotesco y de un intervencionismo enfermizo.

Para intentar compensar haber llegado tarde, este gobierno, al que sólo preocupa la apariencia, ha adoptado medidas draconianas plagadas de tics autoritarios (muy propios del tándem Sánchez-Iglesias) fomentando un alarmante ambiente represivo que incentiva el abuso y la extralimitación. Las medidas son improvisadas, arbitrarias y contradictorias. Una persona puede pasear con el perro, pero no solo, con su hijo, con su padre o con su cónyuge, con los que ya convive confinado; puede hacer colas en el supermercado o en el transporte público, pero no practicar deporte al aire libre o pasear por el campo respetando siempre el necesario distanciamiento. Las reglas son las mismas para todas las provincias, independientemente de la prevalencia de la epidemia, no distinguen entre el entorno rural y el urbano y no tienen en cuenta el impacto para la salud física y mental de un encierro tan duro. ¿Qué evidencia científica, qué lógica médica justifica estos excesos, estas contradicciones? ¿O estamos ante un abuso de poder arbitrario que conduce a un estado policial – yo mando, ellos obedecen -, ante una imposición por la fuerza bruta con castigo, penitencia y sufrimiento obligatorios? ¿Y por qué quienes nos imponen estas pesadas y opresivas cargas conculcando derechos fundamentales no se sienten obligados a llevarlas ellos mismos, incumplidores flagrantes de cuarentenas, distanciamientos y confinamientos? ¿Y la arbitrariedad? En un plató de TV que loa al gobierno (“un servicio esencial”) pueden juntarse tertulianos, periodistas y técnicos, pero la policía irrumpe en templos y desaloja celebraciones religiosas protegidas por la ley.

El enorme desprecio al Estado de Derecho del que hace gala este gobierno deja entrever su querencia totalitaria, lógica por su perfil comunista. El abuso del estado de alarma mediante el que el gobierno se atribuye una potestad dictatorial ajena a la Constitución resulta muy inquietante: pseudo arresto domiciliario de dudosa legalidad (el estado de alarma no lo ampara) para toda la población; suspensión del control parlamentario; censura y silenciamiento de los medios, incluyendo un descarado trueque de fidelidades y favores a cambio de dinero público; uso del CIS (Centro de Intoxicación de Sánchez) para promover sin rubor la agenda del régimen, como en una república bananera (¡el pueblo ama al líder!); brusca eliminación del Portal de Transparencia (el mal, como las ratas, prefiere la oscuridad); incumplimiento de procedimientos legales, en tiempo y forma; y un largo etcétera. Como bien recordaba el prestigioso constitucionalista Manuel Aragón en un clarificador artículo, el estado de alarma “no dota de poderes omnímodos al Estado, ni siquiera en situaciones de excepción, por estar inserto en una Constitución democrática que impide cualquier despotismo” (El País, 10-4-20). Si la Constitución prohíbe estas extralimitaciones, ¿por qué se están dando? Primero, por el debilitamiento progresivo del Estado de Derecho perpetrado por los partidos políticos durante décadas y la práctica inexistencia de instituciones fuertes e independientes que sirvan de contrapeso al ejecutivo. Segundo, porque el matonismo del gobierno tiende a desdeñar la ley con una mentalidad análoga a la del delincuente (“hago lo que me da la gana hasta que alguien me pare”), mientras la oposición acepta masoquista y sumisamente el rol de comparsa – con una sola excepción – sin comprender que ante este gobierno subversivo y amoral sólo cabe una frontal resistencia política e institucional y la aplicación firme de la ley por parte de los tribunales. Winston Churchill nos enseñó que con el totalitarismo no se dialoga, sino que se combate: “Por el derecho y la libertad, no nos rendiremos jamás a la servidumbre y la vergüenza”, dijo en su más conocido discurso.

El pánico y la histeria de las masas, alimentados por los medios, son armas poderosas que aprovechan los yonquis del poder, conocedores de que muchos incautos están dispuestos a sacrificar su libertad a cambio de un espejismo de seguridad. Esta dramática pandemia es ocasión propicia: con el estado de alarma el gobierno está transformando nuestra democracia constitucional en un régimen autoritario que recuerda a su modelo de tiranía bolivariana, con medidas opresivas y arbitrarias de dudoso entronque legal y el súmmum que supone la propuesta, propia de regímenes totalitarios, de encerrar en campos de internamiento a ciudadanos (portadores asintomáticos) que no han cometido delito alguno.

Con el 8-M el gobierno antepuso la política a la salud. De igual forma, su interés en extender indefinidamente el estado de alarma tiene que ver más con lograr ventaja política que con la salud pública al ejercer, con su abuso, mucho más poder con mucho menos control que en circunstancias normales, un incentivo clarísimo para alargarlo en el tiempo. No podemos permitir que se continúe utilizando la epidemia como coartada para un cambio de régimen que quiere arrebatarnos la libertad.  Salud sí; tiranía no.

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

www.fpcs.es

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