España, 2018: ¿a la cárcel por opinar?

Publicado en Expansión

En su clásica novela 1984, George Orwell describía una siniestra sociedad totalitaria del futuro apoyada en tres grandes estructuras burocráticas. Una de ellas era el Ministerio de la Verdad, encargado de falsificar los hechos históricos de modo que se ajustaran a la versión aprobada por el Gobierno. Bajo los lemas “Libertad es Esclavitud”, “la Ignorancia es la Fuerza” y “la Guerra es la Paz”, el Ministerio de la Verdad reescribía la historia y destruía con enormes incineradoras todos los documentos que pudieran poner en entredicho la verdad oficial.

Pues bien, por iniciativa del radicalizado partido socialista se va a debatir en nuestro país una extensión de la infame Ley de Memoria Histórica que, de ser aprobada, supondría la llegada a España del Ministerio de la Verdad. Disfrazada, como siempre, de intenciones en apariencia loables, la ley en realidad quiere imponer por la fuerza un relato único de la historia, una versión determinada de la Guerra Civil y de la historia de España desde 1936 hasta la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978. Para ello, propone crear una “Comisión de la Verdad” que fije la Verdad Oficial Obligatoria y modificar el Código Penal para incluir penas de hasta cuatro años de cárcel para las autoridades o funcionarios que votaran en contra o incumplieran las exigencias de la ley y para los ciudadanos (periodistas, profesores, catedráticos, historiadores, etc…) que “enaltecieran o justificaran” el franquismo por cualquier medio de difusión, procediendo a la destrucción de los libros o documentos correspondientes (o sea, la quema de libros del s. XXI). Un prestigioso hispanista norteamericano ya ha manifestado su estupefacción porque sus libros, en su día prohibidos por el franquismo, previsiblemente sean ahora también censurados por la España supuestamente democrática.

La vulneración de derechos y libertades constitucionales que supone esta proposición de ley es interminable: ¿dónde queda la libertad ideológica (art. 16)? ¿Y la libertad de expresión, o sea, poder “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio” (art.20)? ¿Y la libertad de cátedra y la libertad de enseñanza (art. 20 y 27)? ¿Y la libertad de asociación y derecho de fundación (art. 22 y 34), conculcadas en lo que parece un claro ejemplo de ley de caso único al proponer cerrar las fundaciones pro-franquistas? Esta proposición de ley no es sólo un atentado directo contra la Constitución, sino incluso contra la Carta de Derechos Humanos de la ONU, cuyo Comité de Derechos Humanos (OG nº34, 2011) considera incompatibles con la libertad de opinión y de expresión “las leyes que penalizan la expresión de opiniones sobre hechos históricos”, puesto que “el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos no autoriza las prohibiciones penales de la expresión de opiniones erróneas o interpretaciones incorrectas de acontecimientos pasados”. Parece increíble que el partido que quiere crear un delito de opinión castigado con cárcel sea el mismo que hace treinta años gobernó España, con sus aciertos y sus errores, pero casi siempre dentro de la moderación y del sentido de Estado. ¿Ciudadanos también querrá crear delitos de opinión penados con cárcel? ¿Y el PP?

La ley también prevé una indemnización de 135.000 euros para los descendientes de quienes murieron “en defensa de las libertades” entre 1968 y 1978. La lista será necesariamente corta: según la investigación más detallada que he podido encontrar, un total de 12 personas murieron en ese período por enfrentamiento con las fuerzas del orden mientras participaban en manifestaciones y 4 más murieron en circunstancias sospechosas bajo custodia policial. Respecto a la pena de muerte entonces vigente, entre 1952 y 1975 se produjeron en España un total de algo más de 70 ejecuciones (tómese como orden de magnitud, dada la escasez de fuentes primarias), todas ellas por delitos de sangre que nada tenían que ver con la causa de la libertad (asesinos comunes o terroristas). A efectos comparativos, en ese mismo período Francia ejecutó a 45 personas (la guillotina se utilizó hasta 1977), el Reino Unido a 102 personas y EEUU a  906 personas. En España la pena de muerte se aboliría (afortunadamente) en 1978 y en Francia en 1981, tres años más tarde. Dada la sospechosa coincidencia del año de origen propuesto por el PSOE con el primer atentado mortal de la ETA (1968), no sé si se beneficiarán de dicha indemnización, sobre todo, los descendientes de los terroristas de la ETA, el GRAPO y el FRAP (todos ellos grupos de ideología totalitaria marxista-leninista) juzgados y ajusticiados por los asesinatos a sangre fría de miembros de la Guardia Civil o de la Policía. Si para los socialistas de hoy estos asesinatos cometidos por terroristas de ideología totalitaria fueron una “defensa de las libertades”, conviene tomar nota.

No podemos continuar teniendo una visión maniquea de lo acontecido durante 40 años de nuestra historia. El Ministerio de la Verdad que pretenden instaurar los socialistas se saca de la chistera que la Guerra Civil fue una lucha entre un Ejército opresor y un pueblo que defendía sus libertades. Esto es un cínico cuento chino ajeno por completo a la historiografía. La Guerra Civil fue un enfrentamiento ideológico entre media España y la otra media; miembros del Ejército lucharon en ambos bandos, como lo hicieron miembros de una misma familia. Ya es hora de juzgar ese período (¡que comenzó hace casi un siglo!) de forma desapasionada, como cualquier período histórico, y de que sea objeto de debate libre y abierto entre historiadores y no de pugna ideológica entre políticos ni, mucho menos, de censura. La Segunda República fue un proceso que comenzó como un ideal ilusionante que degeneró en una violenta anarquía pre-revolucionaria permitida cuando no auspiciada por el gobierno de izquierda del Frente Popular, donde no existían ni ley, ni orden ni justicia y en la que pocos partidos políticos defendían la libertad y la democracia (tampoco el PSOE de Prieto y Largo Caballero, que defenestraron al valiente de Julián Besteiro, moderado y demócrata encarcelado luego de forma indignante por el franquismo). Al comienzo de la guerra ambos bandos cometieron atroces asesinatos masivos (50.000-75.000 perpetrados por el Terror Rojo, incluyendo el genocidio católico, y una cifra similar por el bando nacional). Tras la guerra, la durísima y sistemática represión judicial de la dictadura condenó a muerte y ejecutó a más de 25.000 personas (sobre todo hasta 1945), unos por crímenes durante el Terror Rojo y otros muchos simplemente por pertenecer al bando perdedor. Sabemos que la historia siempre la escriben los ganadores de las guerras, pero también sabemos que las guerras no suelen ser nunca una lucha entre buenos y malos. La Guerra Civil no fue una excepción. Es cierto que se hizo justicia a los inocentes de un bando y no a los inocentes del otro, pero hubo inocentes y culpables en ambos bandos y todos tienen de qué avergonzarse.

Siempre he pensado que defender la libertad en la que tanto creo es, sobre todo, defender la libertad de los que opinan de forma distinta a mí para que puedan seguir haciéndolo. El gran éxito de la Transición no fue una Constitución mediocre, sino el esfuerzo de generosidad, magnanimidad, patriotismo y sentido de Estado de personas con ideas antagónicas, pero ante todo, españoles que vivían en una sociedad reconciliada que no quería reabrir heridas. La Transición cerró la puerta a los agitadores de masas porque quiso hacer realidad las esperanzadoras palabras del presidente Azaña: “Cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones (…), que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres que han caído magníficamente por una ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón”. Que tras 40 años de democracia hayan vuelto los desenterradores de cadáveres que agitan el odio y la mentira tan sólo por satisfacer su ambición personal de poder me revuelve el estómago. España no se merece esto.