Esclavos del Estado y del pensamiento único

Publicado en Expansión

Una de las mayores tragedias del hombre occidental contemporáneo es que se cree libre sin serlo. En efecto, nuestra época es testigo de un paulatino retroceso en las libertades individuales, tan impactante como sutil, que ha corrido parejo al preocupante aumento del poder político.

El poder es la capacidad de un individuo de imponer su voluntad sobre otros mediante un sistema de premios y castigos frente al cual los otros son vulnerables. El poderoso no se siente constreñido por las reglas que regulan el comportamiento de los demás, sino que redefine el bien y el mal a su conveniencia y tiende a endiosarse. Mandar y ser obedecido se convierte en una droga que exige cada vez mayores dosis, por lo que todo poder propende de forma natural a crecer y a abusar. De hecho, al yonqui del poder cualquier norma que le limite le incomoda, puesto que el súmmum del poder es la arbitrariedad total.

A lo largo de la Historia los esfuerzos de las sociedades para protegerse del abuso del poder político se han jalonado con más fracasos que éxitos. Como nos explica John Stuart Mill en su clásico Sobre la Libertad, la preocupación por el abuso del poder político generó la necesidad de establecer límites  a lo “que a un gobernante le estaba permitido hacer”, que se concretaron en “el reconocimiento de ciertas libertades o derechos políticos que no se podían transgredir” y, posteriormente, en “el establecimiento de impedimentos constitucionales”. Los fueros, las Cortes de León de 1.188 en España (el primer sistema parlamentario de la Historia) o la Carta Magna en Inglaterra en el año 1.215 son ejemplos paradigmáticos, como lo son algunas constituciones modernas (muy en especial la de los EEUU), diseñadas para poner límites a la acción del gobierno de turno (como escribe Ruiz-Quintano, “la ley ordinaria es la garantía del derecho de todos contra uno, pero la Constitución es la garantía del derecho de uno contra todos”). Históricamente, dos límites adicionales limitaban el poder político. El primero era la inexistencia de la leva, esto es, de la obligación coercitiva de todo ciudadano de alistarse en el ejército en caso de guerra bajo pena de prisión o muerte, lo que provocaba que los ejércitos anteriores a la Edad Contemporánea fueran poco numerosos (por caros) y que, por tanto, las guerras apenas afectaran la vida cotidiana alejada de las líneas de frente. El segundo límite al abuso del poder era la práctica inexistencia de impuestos, entonces de tan difícil  e impopular recaudación. Para que se hagan ustedes una idea, en las monarquías absolutas se estima que el gasto público no superaba el 5 o el 7% del PIB, e incluso en 1913 (¡hace sólo un siglo!) el gasto público era del 7% del PIB en los EEUU, inferior al 10% en los países nórdicos y del 12% en Inglaterra. Hoy, el gasto público en la UE roza el 50% del PIB, símbolo del inquietante y abrumador aumento de los impuestos y del peso del poder político. Recuerden que libertad y poder político son antagónicos.

La amenaza del abuso de poder derivado de la tiranía de un individuo llevó a la creencia de que si era el propio pueblo el que elegía a sus representantes el poder de los gobernantes nunca se volvería en su contra. Entonces, desgraciadamente, “hubo quien comenzó a pensar que se había atribuido excesiva importancia a la idea de limitar el poder mismo”. De ahí que una interpretación ingenua de la democracia permitiera al poder político comenzar a desmantelar cualquier atisbo de limitación en el ejercicio del mismo, multiplicando las normas sin mayor requisito que una exigua mayoría parlamentaria (que las cambia constantemente), y dotándolas de un contenido cada vez más intruso, más profuso y más confuso (para facilitar una aplicación arbitraria). Asimismo, el poder político decidió controlar el Poder Judicial y muy en particular los tribunales encargados de interpretar la Constitución, de modo que la última línea de defensa del individuo frente a una ley injusta quedara desguarnecida.  Por último, el poder político disparó los impuestos (que siguen subiendo a pesar que el trabajador español medio, por ejemplo, paga ya el 65% de su salario en impuestos directos e indirectos) mientras los tentáculos del poder reclamaban parcelas cada vez más íntimas del individuo y de la familia. El topo que ha introducido este brutal aumento del poder político, sin parangón en la Historia (con la salvedad de los totalitarismos comunistas), ha sido el astutamente denominado Estado de Bienestar, hábil coartada inventada por el poder para justificar moralmente la progresiva servidumbre a la que somete al ciudadano.

¿Cómo va a reducirse la libertad a poder meter cada cuatro años un voto en una urna (perdido entre otros 24 millones de votos, en el caso español) para elegir unas listas cerradas? La libertad es también eso, pero es muchísimo más que eso. Sin embargo, mientras nos  distraían con una (limitada) libertad política nos han arrebatado cada vez más libertades personales haciéndonos olvidar la fragilidad de las democracias, que enseguida se alejan del utópico “gobierno del pueblo”. En primer lugar, como señala Mill, “el pueblo que detenta el ejercicio del poder no coindice con el mismo pueblo sobre el que es ejercido”. Tal y como afirma la Ley de Hierro de la Oligarquía, sea cual fuere la forma aparente de gobierno (república, monarquía, democracia, dictadura…) todo poder político supone el poder de un grupo muy poco numeroso sobre la inmensa mayoría de la población. En segundo lugar,  “el pueblo puede aspirar a la opresión de una parte del mismo”, es decir, a la tiranía de la mayoría sobre la minoría (conformada por los judíos, los negros, los ricos…). Por ello, Mill recomendaba mantener la democracia embridada por los mismos controles que previenen del abuso de poder propio de la tiranía de un individuo.

Pero la opresión del poder político no es la única forma de tiranía. Como describía Mill en 1861 en un párrafo notablemente profético, la sociedad como colectivo puede también ejercer la más sutil de las tiranías, “una tiranía social más formidable que la de muchos modelos de opresión política, que afecta mucho más a detalles de la vida diaria hasta el extremo de esclavizar el alma (…), esto es, la tiranía de las opiniones y sentimientos dominantes que busca imponer por la fuerza sus propias ideas y prácticas como norma de conducta para moldear los caracteres según el modelo preconizado”. Hoy, la opresión de lo políticamente correcto, decidido por la agenda de poder global de unas minorías ruidosas, poderosas y organizadas, está tratando de sofocar las otrora sagradas libertades de conciencia, opinión y expresión en una era en la que el periodismo libre y veraz yace moribundo y en la que las redes sociales, el arma de control de la población más peligrosa jamás inventada, imponen sus consignas o sueltan a sus hordas a linchar al disidente. Ideologías totalitarias como la absurda y manifiestamente acientífica ideología de género (una necia moda más si no fuera porque va destinada a engañar a los más pequeños para “esclavizar su alma”) o la ideología del también acientífico y supersticioso catastrofismo climático se quieren imponer como nuevas religiones estatales de obligada creencia. No contentos con controlar nuestros actos y apropiarse de nuestro dinero, los tiranos de las democracias de hoy pretenden controlar lo que creemos y lo que sentimos (y, sobre todo, lo que tememos).

Posiblemente nunca a lo largo de la Historia ha habido un intento tan brutal de robar la libertad al hombre, y nunca ha estado el hombre tan ciego, tan aborregado y tan inerme ante quienes abiertamente desean esclavizarlo. Nos empujan a empellones hacia una sociedad de esclavos del Estado y del pensamiento único. ¿Romperemos las cadenas, ahora que aún estamos a tiempo, o permitiremos que nuestros hijos nazcan ya esclavos preguntándose por qué sus padres se conformaron y decidieron no luchar por su libertad?

 

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

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