Nec laudibus nec timore, sed sola veritate

Política

El declive de la virtud en Occidente

Fernando del Pino Calvo-Sotelo

22 de septiembre de 2023

Frecuentemente acusamos a la clase política de carecer de valores, pero ¿son los políticos una excepción o se limitan a reflejar la carencia de valores (o, mejor dicho, de virtudes) de la sociedad que les vota? ¿Puede un pueblo que ama la verdad y la honestidad votar a psicópatas, mentirosos patológicos y caraduras?

“La ciudad no se adorna con cosas exteriores, sino con la virtud de quienes la habitan”, escribía Epicteto. ¿Cuáles son las virtudes de los que habitan las sociedades occidentales? Porque sin el ejercicio de las virtudes no se puede aspirar a un orden social justo ni tampoco a la felicidad individual, afirmación que hoy quizá sorprenda pero que Aristóteles tenía claro hace 2.300 años: “sin virtud no podemos ser felices, hasta donde los hombres pueden serlo[1]”. Lo mismo defiende el cristianismo, raíz de la civilización europea: la virtud es la piedra angular sobre la que se apoya la felicidad, la convivencia y la verdadera libertad del ser humano.

Considerar que la fuente de la felicidad es la virtud es justo lo contrario que creer que la fuente de la felicidad es el hedonismo, como preconizan con éxito los yonquis del poder, conscientes de que una persona esclavizada por la adicción a sus pasiones es más fácilmente subyugable.

La clase política no fomenta la virtud

En democracia la relación entre gobernantes y gobernados es compleja y bidireccional. Lo normal es que el político se limite a adular a las masas, pero también puede influir y crear opinión. Sin embargo, ¿qué político anima a sus votantes a tener espíritu de trabajo y sacrificio, a decir la verdad, a cumplir con la palabra dada o a luchar por el bien común? Convendrán conmigo en que más bien promueven la mamandurria y que el concepto de “verdad” les es completamente ajeno, pues para ellos la mentira es normal, el fin justifica los medios y la sinceridad sólo es la desventaja del ingenuo.

Tampoco fomentan el imprescindible respeto al adversario político, al diferente, o a las minorías. Por el contrario, aplican el rodillo y atizan los odios para fragmentar la sociedad en grupos enfrentados –pobres contra ricos, catalanes contra madrileños, españoles contra inmigrantes, vacunados contra no vacunados o mujeres contra hombres.

La clase política tampoco promueve la virtud de la responsabilidad, es decir, el coger el toro de la vida por los cuernos y asumir las consecuencias de los propios actos. De hecho, el Estado de Bienestar alivia a los ciudadanos de semejante “carga” (antaño considerada un rasgo de la adultez) a cambio de arrebatarles su libertad, trueque nunca explicitado pero inevitable.

Finalmente, ese mismo Estado de Bienestar es por su propia naturaleza contrario a la virtud del optimismo, definida por David Isaacs como “la confianza razonable en las propias posibilidades” para crear una familia, ganarse el sustento y progresar, es decir, para convertirse en un ciudadano seguro de sí mismo e independiente. Por el contrario, se promueve la dependencia del Estado-Providencia, haciéndonos creer que sin su benéfica ayuda no podríamos subsistir.

Sin el ejercicio de las virtudes tampoco existe verdadero progreso material y económico. En 1987, una fuente tan autorizada como Juan Pablo II definió las causas morales de la prosperidad como una constelación de virtudes: “laboriosidad, competencia, orden, honestidad, iniciativa, frugalidad, ahorro, espíritu de servicio; cumplimiento de la palabra empeñada, audacia; en suma, amor al trabajo bien hecho”. Y añadió: “ningún sistema o estructura social puede resolver, como por arte de magia, el problema de la pobreza al margen de estas virtudes”. ¿Están los jóvenes de hoy tan predispuestos como sus padres y abuelos a practicarlas?

La guerra contra la familia

A pesar de que la virtud es fuente de felicidad y prosperidad (o precisamente por serlo) existe una oscura agenda de poder que crea un sistema de incentivos contrario al ejercicio de las virtudes. A lo largo del tiempo, dicha agenda ha encontrado un obstáculo, una fortaleza otrora inexpugnable, llamada familia. En efecto, era en la familia donde se educaban las virtudes, y allí al Estado apenas le era permitido intervenir. Por ello, esta agenda de poder ha declarado una guerra abierta a la familia.

Aunque este asedio a la familia incluya sin duda una agenda económica empobrecedora (hace un par de generaciones un solo sueldo bastaba para mantener una familia de cuatro hijos, mientras hoy dos sueldos apenas pueden mantener a dos), es en la vertiente ideológica donde el ataque se está produciendo a mayor escala con cierto éxito, como muestran varios indicadores.

Los datos que voy a proporcionar se refieren a España, pero la tendencia es similar en el resto de Europa. Naturalmente, al interpretarlos como un deterioro de la salud emocional de la sociedad parto de ciertas hipótesis, como que todos aspiramos a la felicidad, que el amor hace más feliz que el desamor, que el amor que anhelamos es para toda la vida, que un matrimonio estable y duradero produce mayor felicidad a cónyuges e hijos que un divorcio, que el aborto no hace feliz a la mujer que lo practica (y desde luego no al nasciturus con cuya vida se acaba), que el suicidio es una tragedia y que la compañía (generalmente) es mejor que la soledad.

No por casualidad la ofensiva contra la familia está siendo particularmente virulenta en países de tradición católica como España y comienza socavando su raíz misma, esto es, el matrimonio. En efecto, lejos de promover la pacífica y natural convivencia entre hombre y mujer, fomenta la lucha de sexos (por eso hay un Ministerio de Igualdad y no un Ministerio de la Familia). El aumento del número de divorcios es buena muestra de ello: en España se ha pasado de 20.000 en 1982 (un año después de su legalización) a unos 90.000 en el último año.

En este sentido, sorprende que el divorcio se tome tan a la ligera. A pesar de la perturbación social que provoca y del enorme sufrimiento personal que lleva aparejado, especialmente para el cónyuge abandonado y para los hijos (en su caso), no es contemplado como una plaga social, antes bien se banaliza e incluso se promueve, como hizo en España el siniestro tándem Zapatero-Rajoy.

En efecto, repartiéndose el trabajo con fraternidad casi masónica, los dos expresidentes crearon y consolidaron, respectivamente, la ley del “divorcio exprés”, que eliminó de un plumazo los procedimientos dilatorios que exigía la norma anterior para dar una oportunidad a la reconciliación. Tal y como afirmó en su día el CGPJ (en un informe que el gobierno de ZP ignoró), el divorcio exprés era “una figura desconocida” en otros ordenamientos, ya que ninguno admitía “la voluntad unilateral de uno de los esposos sin la concurrencia de causa alguna o sin un plazo de reflexión durante el cual se madure la decisión de poner fin al vínculo matrimonial[2]”. Como consecuencia de esta ley, en tan sólo dos años la tasa de divorcios se multiplicó por 2,5 en nuestro país. Parece lícito preguntarse qué objetivo perseguía el legislador, sino destruir.

Hemos mencionado la importancia de que los niños crezcan en un hogar estable con padre y madre, y obviamente el divorcio lo impide. Pero otra tendencia preocupante es el porcentaje de niños que nacen fuera del matrimonio, fenómeno cuyas negativas consecuencias individuales y sociales están bien documentadas[3]. Pues bien, mientras que en 1980 sólo el 4% de los niños nacían fuera del matrimonio, hoy la cifra se acerca al 50%[4].

Otro indicador inquietante es la crisis de compromiso personal que hace que los jóvenes se casen tarde, no se casen o no tengan hijos, consideraciones económicas aparte. En 1980 la edad media con que los jóvenes se casaban era de 25 años; hoy es de 37. Asimismo, el índice de fecundidad ha pasado de 2,2 a 1,2 y el número medio de miembros por hogar ha pasado de 3,6 a 2,5. Como consecuencia de todo ello, los hogares unipersonales han pasado del 10% al 26%[5] en lo que va camino de convertirse en una epidemia de soledad sin precedentes en la cultura tradicional española.

Aborto e ideología de género

Sin duda, otro flanco del ataque a la familia y a la fecundidad por parte de quienes desean a toda costa reducir la población es el horror del aborto, la cuestión moral más relevante de nuestro tiempo. Un año después de aprobarse la ley en España (1985) se produjeron sólo 500 abortos; al año siguiente se realizaron 17.000, y hoy se producen más de 90.000 muertes violentas de nasciturus a los que se les niega el derecho a la vida y cuya silenciada voz pocos defienden. Esta aceptación social del aborto se ha logrado mediante el engaño, manteniendo el debate en el ámbito de la casuística y, sobre todo, ocultando su fea realidad: ojos que no ven, corazón que no siente. Por eso no hay vídeos de abortos, salvo en algunas webs provida[6], y por eso existe una férrea oposición a mostrar el latido o la ecografía del nasciturus a sus madres antes de que tomen ninguna decisión.

La última ofensiva contra la familia ha sido la ideología de género, introducida en España por el tándem PSOE-PP (recuerden, uno lo aprueba y el otro lo consolida). Que los poderes públicos hayan impuesto algo tan biológicamente acientífico resulta chocante, pero que con ello se quiera confundir a los menores y empujarles a la transexualidad es una iniquidad. Suecia, país pionero en la necesaria protección de la dignidad de esta minoría tan vulnerable, ha frenado por defecto las intervenciones y tratamientos hormonales en menores[7] por ser en gran medida experimentales y tener potenciales graves efectos adversos[8]. Pero lo más preocupante es un dato apuntado por varios estudios científicos[9] y recientemente destacado por medios como el New York Times[10], esto es, que las personas transexuales tienen un elevadísimo riesgo de suicidio. ¿Cómo pueden los poderes públicos fomentar la transexualidad en menores si es cierto que cerca del 40% de los transexuales intentan o logran suicidarse[11] y que, incluso en países tan ejemplarmente tolerantes como Dinamarca, tienen una tasa de suicidio (en grado de tentativa) 7,7 veces superior a la de la población general[12]?

La disolución programada de la sociedad occidental

De hecho, el constante aumento del índice de suicidios es otro grave problema que nuestra sociedad tiende a orillar. En España, la cifra alcanza hoy los 8,7 suicidios cada por 100.000 habitantes, es decir, más del doble que la que había en 1975, cuando tocó un mínimo histórico con una tasa de 3,8 por 100.000[13] (una de las más bajas del mundo por aquel entonces).

Finalmente, cabe señalar el aumento de la delincuencia como signo de la progresiva caída del orden social y familiar. En este sentido, aunque España siga siendo uno de los países más seguros del mundo, la tasa de criminalidad y la población reclusa se han multiplicado por 5 y por 4, respectivamente, desde 1978.

¿Qué conclusiones podemos sacar de estos datos? En primer lugar, que contrariamente a lo que nos dicen, en muchos aspectos la sociedad occidental va a peor, no a mejor. En segundo lugar, que existe una siniestra agenda de poder que promueve la destrucción de la virtud y de ese taller de virtudes llamada familia. Y, en tercer lugar, que las ideas tienen consecuencias, y que al borrar la línea que separa el bien del mal a través del relativismo, la sociedad europea, y muy particularmente la española, ha entrado en un proceso programado de disolución.

Familias desestructuradas, soledad, violencia, aborto, suicidio, confusión sexual, pérdida del sentido de la vida, infelicidad. Lo llaman progreso.

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