Por su propia naturaleza el poder tiende a destruir la moral y la capacidad de juicio del ser humano. Cuando el hombre se cree Dios pronto se convierte en un tirano y crea su propio Árbol del Bien y del Mal, según le convenga en cada momento. Desde luego, la potencia destructiva del poder afecta a la persona en distinto grado según sea su carácter, creencias y virtud, pero ese lado oscuro de la Fuerza existe y sólo puede ser contrarrestado de forma activa. Cuanto mayor sea el poder y mayor tiempo se ostente, más corrosivo será su efecto. Lo que llamamos corrupción no es sino un síntoma de esta patología del poder.
La mala noticia es que la corrupción no puede erradicarse al igual que no puede erradicarse el mal, ni siquiera dentro de nosotros mismos. Por tanto, existe corrupción desde que el hombre es hombre, falible y concupiscente, tanto en el ámbito privado como público. La buena noticia, como veremos, es que hay elementos objetivos que permiten reducir esta corrupción de forma sustancial.
La corrupción política en sentido muy restringido suele referirse a un cargo público que roba dinero público o concede favores arbitrarios a cambio de dinero u otros beneficios. Es decir, aparece donde se juntan el dinero y la política. Existen factores culturales que afectan al nivel de corrupción de un país, incluyendo un tradicional menor respeto a la ley o un mayor miedo al poder establecido; asimismo, la letra pequeña del sistema político es determinante (la partitocracia y la carencia de limitación de mandatos no ayudan, precisamente); también influyen factores socio-históricos como, por ejemplo, la decadencia moral de Occidente, donde ya no se sabe distinguir el bien del mal y se llega a cuestionar su mera existencia.
Estos días hemos conocido un grave caso de corrupción política en nuestro país; bueno, ya saben, “presunto”. Si nos resistimos a las habituales manipulaciones de medios afines y hostiles y no nos dejamos embaucar por los grandes aspavientos de unos y otros (como el Capitán Renault en Casablanca: “¡qué escándalo, qué escándalo, he descubierto que en este local se juega!”), evitaremos centrar nuestra atención en los individuos y nos enfocaremos, por el contrario, en el sistema enfermo que favorece dicha corrupción.
La corrupción política, tal y como la hemos definido, requiere de tres condiciones ambientales para desarrollarse: poder arbitrario + monopolio + opacidad. La manera de combatirla es, por tanto, muy simple: reducir el poder arbitrario de la clase política, aumentar la libre competencia y fomentar de forma exagerada la transparencia. Es importante que entendamos que el aumento del tamaño del Estado, tanto en términos económicos como regulatorios, lleva aparejado un aumento de la corrupción. ¿Hay más corrupción en el mal llamado Estado del Bienestar que en una economía más libre? Sin duda: a más subsidios y subvenciones, más corrupción; cuantos más permisos y licencias se exijan, más corrupción.
Pues bien: fantaseemos por un momento: ¿qué haría un Gobierno serio y sin miedo a la verdad para reducir la corrupción de forma inmediata? Aquí van unas cuantas sugerencias.
En primer lugar, realizaría un estudio estadístico para ver en qué puntos negros de la Administración se han concentrado históricamente los “accidentes”. En esos puntos negros habría que reducir cuidadosamente el poder del político de turno, y las normas deberían dotarse de una enorme objetividad que impidiera en la medida de lo posible la siempre peligrosa arbitrariedad (favoreciendo la figura de la subasta frente a la del concurso, por ejemplo). En segundo lugar, acabaría con la sensación de impunidad mediante el establecimiento de un sistema de incentivos adecuado que castigara con dureza las conductas inapropiadas; paralelamente diseñaría un sistema disuasorio de responsabilidades, de manera que el superior jerárquico inmediato del corrupto, aun siendo inocente, fuera castigado con su cese inmediato e inhabilitación perpetua para ejercer cargo público por negligencia en su deber de supervisión. Créanme, ya se encargarían de vigilarse los unos a los otros. En tercer lugar, crearía una agencia anti-corrupción independiente del poder político, encargada de vigilar los “puntos negros”, e investigar y denunciar con premura las conductas sospechosas, con publicidad inmediata. En cuarto lugar, impulsaría obsesivamente la transparencia. Transparencia implica, siempre, sentirse observado, un magnífico aliciente para actuar con corrección. Las oportunidades de hacerlo son múltiples y sencillas. Debería establecerse para toda entidad que se nutra de dinero público la misma exigencia de auditoría y publicidad de cuentas que a las empresas privadas, accesibles a 30 de junio siguiente y no cinco años más tarde; también se les exigiría idénticas responsabilidades para los administradores y obligaciones de comunicación de potenciales conflictos de interés, personas vinculadas, etc. Este cambio es tan sencillo como introducir una frase en la ley y afectaría a la Administración, a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, fundaciones afines, empresas públicas, cajas de ahorros y demás. Es inexcusable que no se haya hecho hasta el momento, y manifiesta una flagrante desigualdad ante la ley. Otra forma sencillísima de transparencia sería publicitar los resultados, las motivaciones y el historial de concursos y subastas públicos: una misma empresa ganando el mismo concurso año tras año resultaría sospechoso. Seguro que ustedes han oído casos; yo, también.
Da la descorazonadora impresión de que en España los partidos políticos que han ostentado poder observan la proverbial omertá o ley del silencio, porque quizá saben demasiadas cosas los unos de los otros y en esto se protegen mutuamente. Primero lo niegan, luego dicen aquello de “caiga quien caiga” (pero nadie cae), luego “lo que digan los Tribunales” y cuando sale la sentencia, doce años más tarde, nadie se acuerda. Además, si hay mala suerte, siempre queda la esperanza del indulto. El atronador silencio de Sindicatos, S.A implica que ellos también participan de la misma ley, nada extraño debido a la extraordinaria opacidad con la que operan.
El actual presidente del Gobierno reaccionó con sorprendente ira cuando en su debate de investidura un portavoz de la oposición mencionó la lacra de la corrupción. La sorpresa fue doble por cuanto que, durante la extravagante y dañina gestión de su antecesor, esa misma ira había brillado por su ausencia en temas tremendamente graves para el futuro del país. Pues bien, en dicho debate afirmó sin pestañear que no aceptaba “de ninguna de las maneras” que existiera en España una corrupción generalizada. La percepción de la ciudadanía es bien diferente y Transparency International nos sitúa en cuanto a corrupción justo por debajo de Botswana. Saber cuál de estas dos percepciones es la equivocada resulta bien sencillo: si se ponen en marcha estas fáciles medidas con naturalidad y rapidez, quedará claro que nada hay que ocultar y que, efectivamente, los casos de corrupción son la excepción. Pero usted sospecha, querido lector, tanto como yo, que nada se hará. Antes de que presuntamente pillaran a uno de los suyos (o a varios, ya veremos), este Gobierno ha negado el problema de la corrupción, y cuando ha tenido oportunidad de ponerle coto, no lo ha hecho. Aunque para subir los impuestos sólo necesitan 24 horas, ahí está el proyecto de ley de Transparencia, en estado de perpetuo trámite parlamentario: otra mini reformita que es un verdadero insulto a la inteligencia y un acto más de puro marketing sin contenido real digno de mención. Tomen nota: no existe en nuestro país voluntad política alguna de acabar con la corrupción. Quod erat demonstrandum.