Finlandia, Noruega y Suecia sufrieron a principios de los años 90 una burbuja inmobiliaria y, tras su explosión, una crisis bancaria agudísima en la que su sistema financiero se vio al borde del colapso. A pesar de ello, en tan sólo dos años la crisis había quedado atrás y volvían a crecer a un ritmo sano, con un coste neto al erario público que acabaría siendo inferior al 3% del PIB. Por ello, la forma en que estos países resolvieron su crisis bancaria es considerada modélica. Entiendo yo, probablemente con demasiada sencillez al no dedicarme a la política, que es de sentido común afrontar una situación de crisis buscando y copiando las mejores prácticas de aquellos que hayan pasado con éxito por situaciones similares, que no idénticas. Hace un par de años, el Banco Internacional de Pagos publicó un magnífico documento donde explicaba los principios de actuación que permitieron a estos países solucionar su crisis y extraía lecciones llenas de sentido común. Sugiero a nuestras autoridades que, además de volar a Bruselas, vuelen a Oslo, Helsinki y Estocolmo. Con un bloc de notas.
El primer principio de actuación de la exitosa gestión de la crisis bancaria nórdica es el siguiente: “la naturaleza y la dimensión de los problemas deben ser reconocidas de forma temprana y la intervención debe realizarse rápidamente”. El objetivo de este principio es evitar que la inacción lleve a un deterioro de la confianza, única y fragilísima base sobre la que se sustenta un sistema de reserva fraccionaria, en el que los clientes no pueden disponer y hacer líquidos sus depósitos de forma inmediata y simultánea. Sin embargo, las fuerzas inerciales tendentes a posponer cualquier acción son enormes. Esas fuerzas inerciales tienen como único objetivo negar la enfermedad para evitar la intervención del cirujano y, de forma poco sorprendente, suelen colocar a políticos, autoridades monetarias y banqueros en el mismo bando. Los políticos no quieren reconocer la existencia de ninguna crisis (Crisis? What crisis?) y, menos aún, asumir el coste para los contribuyentes que su salvación inevitablemente requiere. Las autoridades monetarias (bancos centrales) no quieren reconocer que bajo su supervisión se coló una pequeña crisis sistémica. Ups. Finalmente, los incentivos y el ego de los directivos de los bancos y los intereses de sus accionistas dificultan cualquier acción que perjudique su carrera, su imagen o su patrimonio. La confianza cínica en que el Estado les salvará porque son “demasiado grandes para caer” tampoco ayuda.
El segundo principio, según el Banco Internacional de Pagos, es que “la intervención y la resolución tienen que ser completas y profundas”. El objetivo es restaurar la confianza y la capacidad del sistema financiero para operar con normalidad lo antes posible sin apoyo del Estado. Para ello se requieren tres acciones: primero, estabilizar el sistema manteniendo la liquidez y el acceso a financiación de los bancos, para lo que hace falta el apoyo del banco central; segundo, restructurar los balances. Esto es esencial para recuperar la confianza. Las pérdidas deben ser reconocidas de forma exhaustiva pecando, en todo caso, de exceso de prudencia. Por último, hay que restablecer las condiciones para que el sector opere de forma sostenida y rentable. Para ello, es imprescindible reducir el exceso de capacidad, consecuencia típica de las burbujas de crédito.
El tercer y último principio aplicado por los países nórdicos es “buscar un equilibrio entre el riesgo sistémico y el riesgo moral”, un equilibrio entre permitir un ajuste demasiado abrupto de los mecanismos de mercado y tolerar impunidades e incentivos perversos a los agentes, protegidos temporalmente de la disciplina del mercado por las autoridades. En riguroso cumplimiento de las viejas y sabias reglas mercantiles, los primeros en pagar el ajuste de balance provocado por las pérdidas deben ser los accionistas (y gestores); en la medida en que ello sea posible sin contagiar al resto del sistema, deben seguirles los tenedores de deuda subordinada. Por último, las ayudas estatales deben ser condicionales y temporales.
En España hemos incumplido el primer principio negando y ocultando la realidad; hemos intentado incumplir el segundo con un lento “striptease” bancario en vez de desnudarnos por completo desde el principio. Ahora es imprescindible una limpieza total de balances. Es la última oportunidad de decir la verdad, porque estamos al borde del precipicio. Pretender que los únicos activos problemáticos son los créditos a promotoras parece ilusorio. La burbuja crediticia afectó a toda la economía y, por tanto, el volumen de activos afectado es muy superior (p.e, los créditos para operaciones corporativas realizadas a precios irrepetibles). En la medida de lo posible, el análisis debe ser rigurosamente individualizado para cada entidad pero, en caso de duda, el criterio de prudencia debe prevalecer. Ello implica asumir pérdidas y, en muchas entidades, ampliar capital diluyendo a los accionistas actuales. La prioridad debe ser encontrar inversores en el mercado; si no, el Estado tendrá que aportar fondos de forma temporal. Parece justo que si hay ayudas estatales el Estado participe del posible beneficio de su ayuda, a través de capital o de warrants. Debemos también ser conscientes del riesgo de que los políticos españoles, de quienes siempre es sano desconfiar, se acostumbren a una banca pública y se olviden de reprivatizarla. Afortunadamente, la presión de los mercados por la excesiva deuda pública juega, como en tantas ocasiones, a favor de los ciudadanos.
Los activos inmobiliarios, una vez contabilizados a su valor real, pueden quedarse en el balance de los bancos o trasladarse a entidades independientes. Los mal llamados bancos malos tienen varias ventajas: los activos quedan fuera de balance bancario y no salen en tropel a un mercado saturado, y los bancos se pueden dedicar a hacer banca. Por otra parte, esta opción plantea la dificultad de encontrar un comprador y además aflora un conflicto de interés respecto al precio de transacción: por un lado, un vendedor interesado en vender al mayor precio posible para evitar el reconocimiento del error y la dilución del capital; por el otro, un comprador interesado en obtener un precio lo más ajustado posible a mercado para poder revenderlo. Por último, deben liquidarse ordenadamente las entidades insolventes con dudosa viabilidad futura. El modelo de cajas de ahorro, que ha resultado ser un desastre y un escándalo sin paliativos (por el momento, con la impunidad habitual de la casta política en nuestro país), debe desaparecer por completo y aquellas que tengan posibilidades de supervivencia deben transformarse en bancos.
A largo plazo las lecciones que podemos extraer son cuatro: Uno, hay que modificar en profundidad el fragilísimo sistema de reserva fraccionaria, que es una permanente espada de Damocles; el sistema ideal del futuro debe reducir el apalancamiento de los balances y aumentar muchísimo los coeficientes de caja, pagando gustosamente el precio de una menor capacidad de creación de crédito. Dos, las unidades financieras deben ser fácilmente aislables en caso de que una de ellas tenga problemas financieros. Tres, debemos entender que un sistema de bancos centrales con libertad completa de actuación y poder casi omnímodo ha demostrado ser un enorme peligro: los supuestos sabios no eran tales y fallaron de forma estrepitosa. Creo que la última lección para España es ésta: el modelo de cajas de ahorro, agravado por el desastroso Estado autonómico, debe desaparecer.
La verdad es la única base sólida sobre la que apoyarnos para solucionar problemas. La verdad, en ocasiones, implica dolor, pero a la vez, liberación y esperanza para el futuro. Nuestra recuperación sólo puede basarse en la verdad, asumiendo nuestras responsabilidades y errores como individuos y como sociedad. Requiere valor, pero ése es el único camino.