Las reformas imprescindibles: haciendo de Casandra (y II)

Como decía en mi anterior artículo, cuando llegó la Transición la tasa de desempleo era del 5% y el nivel de vida de los españoles se había multiplicado por cuatro en una sola generación gracias al enorme (aunque frágil) crecimiento económico experimentado por el país entre 1950 y 1974 (un 6% anual en PIB per cápita). Desde entonces la economía española ha tenido un crecimiento medio del PIB per cápita de sólo el 1,6% anual (PPC real) y una tasa de paro media del 17%, a pesar de añadir más de dos millones de empleados al sector público (especialmente por la hipertrofia del Estado de las Autonomías). Hasta el advenimiento de la crisis, dos de cada tres empleos creados desde la Transición pertenecían a la Administración o al sector de la construcción. Lo que es aún más preocupante es que incluso estos mediocres resultados económicos no se habrían logrado sin la ayuda de importantes vientos de cola que son absolutamente irrepetibles, entre los que cabe señalar el tremendo aumento del endeudamiento público y privado, los fondos estructurales y de cohesión europeos, el acceso a una amplia zona de libre comercio como es la UE y el ahorro de los costes financieros derivada del euro y las políticas del BCE. Si con estos gigantescos subsidios no hemos logrado bajar de un desempleo medio del 17%, ¿qué ocurrirá sin ellos? El entorno actual de menor crecimiento mundial causado por la caída de la productividad y por el endeudamiento masivo de Occidente nos complica aún más las cosas. Por ello, o afrontamos una refundación político-económica del país o España sufrirá un empobrecimiento generacional que conlleva el serio riesgo de causar convulsiones sociales en una población arrullada por la adulación constante de los demagogos y seducida por la falsa promesa de “seguridad” propia del Estado de Bienestar.

En primer lugar, debemos comprender que esa frívola ocurrencia llamada Estado de las Autonomías, creada ex novo por la clase política de la Transición, ha resultado un fracaso: diecisiete reinos de taifas desembridados que sólo han servido para que el contribuyente se vea obligado a sostener a dos millones de empleados públicos adicionales (de escasa productividad) mientras soporta un maremágnum regulatorio de cientos de miles de páginas anuales que rompe de facto la unidad de mercado. Las autonomías también han servido para incentivar el despilfarro en el gasto público mediante un sistema perverso de irresponsabilidad fiscal en el que se castiga al ahorrador y eficiente y se premia al demagogo manirroto, y han agravado el trastorno independentista de algunas regiones frustradas porque su “hecho diferencial” quedara diluido en el “café para todos”. Por último, las autonomías han destruido en sólo 35 años (con un enorme coste para el país) el sistema de cajas de ahorro que había sobrevivido dos siglos desde su creación a principios del s.XIX. El Estado de las Autonomías, construido por y para los partidos políticos, sólo les ha beneficiado a ellos y se ha convertido en un cáncer. Como escribía el genial filósofo Julián Marías, “no está claro si los partidos se han hecho para el país o el país para los partidos”.

En segundo lugar, hay que reducir sustancialmente y al unísono los impuestos y el gasto público y reducir el preocupante nivel de deuda pública. El margen de que disponemos para reducir el monumental despilfarro del gasto público es inmenso; la voluntad de hacerlo, nula. El margen de que disponemos para realizar una bajada de impuestos es igualmente inmenso; la voluntad es igualmente nula. Incluso aunque mantuviéramos inicialmente el déficit del 5% del PIB que la incompetencia fiscal que sufrimos desde hace años parece haber convertido en crónico, el hecho de que dicho déficit fuera el resultado de unos ingresos fiscales del 30% y unos gastos del 35%  del PIB (por ejemplo) en vez de los actuales 40% y 45% (permítanme el redondeo) aumentaría la productividad, incentivaría la responsabilidad individual, aceleraría el crecimiento económico y crearía un círculo virtuoso de creación de empleo.

En tercer lugar, España debe dejar de ser una jurisdicción antipática y hostil a la actividad empresarial y convertirse en un imán de empresas, nacionales y extranjeras. Para ello se requieren sólo tres factores: impuestos bajos, imperio de la ley (sencillez y estabilidad regulatoria, justicia rápida y eficaz) y flexibilidad laboral. Respecto a los impuestos, ¿por qué no copiar el ejemplo de países que han crecido mucho más que el nuestro? Un tipo impositivo de Sociedades del 15% con garantía de estabilidad en el tiempo atraería todo tipo de empresas que crearían empleo y riqueza. Respecto a la flexibilidad laboral, nuestros políticos olvidan que sólo el empresario crea empleo útil, y que es siempre el empresario quien toma la iniciativa de contratar. ¿Tan difícil es comprender que dificultar el despido es dificultar la contratación y que facilitar el despido es facilitar la contratación y acabar con el terrible fenómeno del paro de larga duración? En este sentido, ¡cuánto han empobrecido a España los sindicatos y la cortedad de miras política! La tímida minireformita laboral realizada por el Gobierno en la anterior legislatura apuntaba en la dirección correcta, pero se quedaba muy corta en potencia de tiro. Por último, respecto al imperio de la ley, es urgente crear un Ministerio de Desregulación y Seguridad Jurídica con un doble objetivo: simplificar las normas reduciendo drásticamente su número e impedir su constante modificación. Para lograr esto, es condición necesaria acabar con el desmadre autonómico.

En cuarto lugar, hay que poner en marcha una reforma del sistema de pensiones que contemple planes privados. La quiebra del sistema público de reparto es inevitable y está ocurriendo delante de nuestros ojos, engañosamente disfrazada de pérdida paulatina de poder adquisitivo de las prestaciones.

Por último, debemos hacer un enorme esfuerzo pedagógico para modificar ciertos rasgos culturales de nuestro país que pueden contribuir a devolvernos a la pobreza de la que tantos siglos nos costó salir, comenzando por la educación de niños y jóvenes en colegios y universidades (y por la reeducación de nuestros educadores, si me permiten el trabalenguas). Basta ya de adoctrinar a las siguientes generaciones en un socialismo falaz que niega la evidencia y en la creencia de que un Estado gigante es imprescindible, bienhechor e infalible, un Estado divinizado por el que debemos renegar de nuestra responsabilidad y ante cuyo altar debemos sacrificar nuestra libertad a cambio de una falsa promesa de seguridad.

España tiene un gran potencial ahogado, reprimido y lastrado por un Estado convertido en abusivo leviatán, por políticas equivocadas que persiguen y castigan patológicamente la creación de riqueza, por una cultura educativa perniciosa y por un sistema político-territorial autolesivo. Tenemos la capacidad y la responsabilidad histórica de adaptarnos a los nuevos tiempos para poder ofrecer a las siguientes generaciones las oportunidades que tuvimos nosotros. La llamada de alerta comienza a ser urgente, por lo que comprenderán mi irritación al observar el narcisismo y miopía de nuestra clase política. En esta coyuntura necesitamos hombres de Estado, y no los tenemos.

La mitología griega nos relata que Casandra, hija de Príamo, rey de Troya, y profetisa, fue maldita por Apolo: mantendría su don de profecía, pero nadie creería sus pronósticos. Así, previno en vano a los troyanos, trágica y desesperadamente, de la inminente caída de la ciudad a manos de los griegos. Querido lector: hacer de Casandra en un país como el nuestro, tan poco dado a cuantificar resultados, tan proclive a la política del avestruz y tan saturado de propaganda del régimen y de aduladores es poco gratificante. Pero no olvido que Troya cayó, y que el silencio, a veces, es culpable.

 

Fernando del Pino Calvo-Sotelo     

 

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