Haciendo de Casandra: un cursillo de realidad

Contemplo con cierto asombro cómo los representantes de nuestro gobierno parecen inmersos en una borrachera de congratulaciones mutuas y alegres palmaditas en el hombro dando por zanjada la crisis, confundiendo el maná del BCE y el nervioso dinero de los fondos de inversión (que viene y se va al calor de la moda, de los titulares y del sentimiento del mercado) con la inversión empresarial seria y estable que necesitamos atraer para disminuir el desempleo de forma sustancial y evitar la bancarrota de nuestro sistema de pensiones, una bomba cuya mecha ya humea. Parece, por tanto, necesario un cursillo de realidad.

España sufre una tasa de paro del 18%, un 5% de déficit sobre PIB aparentemente perpetuo, un 100% de deuda pública sobre PIB y un problema de chantaje territorial (cesión o secesión) que no por rancio y provinciano deja de ser relevante. Ocupamos el puesto 32 del mundo en el Ease of Doing Business Index (índice que mide la facilidad para hacer negocios de un país), 7 puestos por debajo de Portugal, 15 por debajo de Alemania y 29 por debajo de Dinamarca, por mencionar sólo países europeos. Somos un país poco competitivo: en el Global Competitiveness Index, España ocupa el puesto 33. En añadidura, continuamos teniendo una imagen de país corrupto: en el Corruption Perception Index ocupamos el puesto 36, muy por debajo de Botswana. Por último, España ocupa el puesto 43 en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation, variable clave para entender las causas del desarrollo (y subdesarrollo) económico. Como muestran estos datos, España resulta en general un país antipático a la actividad empresarial, ya sea nacional o extranjera, lo que explica nuestra pobreza relativa y sus síntomas: salarios bajos y desempleo. Esta realidad queda reflejada en la tasa de paro promedio de cerca del 17% que España ha tenido en los últimos 40 años, una escandalosa cifra propia de país africano que parece aceptamos como algo natural. Otra importante causa de nuestro menor desarrollo económico es la enorme inseguridad jurídica: las normas cambian constantemente al albur del capricho político (o para tapar chapuceramente agujeros fiscales) y la Administración goza de un creciente y preocupante grado de arbitrariedad en la aplicación de las mismas. ¿Y qué decir de la lentísima Justicia? En consecuencia, el ciudadano-contribuyente y el empresario se van encontrando cada vez más indefensos frente a una burocracia que puede cometer todo tipo de atropellos impunemente, tendencia acelerada en los últimos cinco años de bullying fiscal. Nuestros empresarios se ven obligados a sobrevivir como si fueran boinas verdes en territorio hostil, constantemente hostigados por una guerrilla compuesta por la pejiguera burocrática y por una nomenklatura genéticamente incapaz de comprender, respetar y facilitar la creación de riqueza empresarial (que muchas veces parece disgustarles). Hay excepciones, como es natural, pero la generalización no me parece injusta, sinceramente.

La coyuntura positiva no debe hacernos perder la perspectiva: España continúa teniendo problemas estructurales no resueltos que requieren de reformas profundas y políticamente incómodas. Para comprender nuestra situación conviene conocer de dónde venimos. Echemos pues un somero vistazo a nuestra historia económica del último siglo.

Entre 1900 y 1950 la renta per cápita española apenas varió. A mediados de los 50, sin embargo, el gobierno de los “tecnócratas”, con el especial empuje del Plan de Estabilización de 1959, comenzó una apertura hacia la economía de mercado dejando atrás (sólo en lo económico) atavismos ideológicos inoperantes. Apuntar hacia la economía de mercado siempre funciona. Entre 1950 y 1974, aprovechando la ola de crecimiento de la economía mundial, España creció más de lo que lo había hecho en los dos siglos anteriores en lo que sigue siendo el período de mayor crecimiento económico de su historia: el PIB creció a un ritmo anual del 7% (en PIB per cápita, casi el 6%), el mayor ratio de crecimiento de Occidente y casi del mundo en ese período. En una sola generación nos transformamos en un país desarrollado, terminando 1974 con un paro de tan sólo el 4% (con la tercera parte de empleados públicos que tenemos hoy), una deuda pública de alrededor del 8% del PIB, sin déficit y con una presión fiscal que era aproximadamente la mitad de la que sufrimos hoy en día. Ello no obstante, la economía española arrastraba debilidades soterradas: un sector público empresarial poco competitivo, una enorme dependencia del petróleo y muchas rigideces, paternalismos y proteccionismos que aumentaban su fragilidad ante shocks exógenos. Coincidiendo con la Transición, las dos crisis petrolíferas supusieron un terremoto cuyos efectos se agravaron a raíz de la irresponsable actuación de los sindicatos, quienes, aprovechando la debilidad o los complejos de los sucesivos gobiernos, utilizaron el arma de una conflictividad laboral salvaje para imponer irracionales subidas de salarios reales que dispararon la inflación y el desempleo: entre 1974 y 1985 se destruyeron casi 3 millones de puestos de trabajo, pasando el paro del mínimo histórico del 3% en 1973 a un 21% en 1985. A pesar del loable esfuerzo de algunos responsables económicos de distintos gobiernos (tanto de UCD como de PSOE y PP), los dificilísimos problemas políticos de aquellos años iniciales en que la democracia intentaba asentarse y, más tarde, la hegemonía ideológica socialdemócrata, la creciente demagogia y posiblemente una carencia de visión a largo plazo, ralentizaron (y siguen ralentizando) las necesarias políticas liberalizadoras que, a costa quizá de un sacrificio a corto plazo, habrían podido reducir el paro hasta niveles europeos a medio y largo plazo. Como consecuencia de ello, España tendría que esperar al año 1989 para recuperar el PIB relativo a Europa del que gozaba en 1974, quince años en los que la convergencia económica con Europa fue una catenaria que nos devolvió al mismo punto de partida; avanzamos en términos absolutos, pero no en términos relativos. El crecimiento de la última década del s.xx se alargó por la entrada del euro y la burbuja subsiguiente superando la crisis sistémica que se vislumbraba a mediados de los años noventa, pero la crisis actual nos ha vuelto a colocar en una situación delicada a pesar de la recuperación de los últimos años. Es cierto que contamos hoy con muchos activos de los que hace cuatro décadas carecíamos, como la pertenencia a una amplia zona de libre comercio y una economía mucho más abierta y competitiva, entre otros. Pero por otro lado ya hemos agotado mucha munición: la deuda pública ha pasado del 8% al 100% del PIB, la presión fiscal se ha doblado, la pirámide demográfica está invertida y las nuevas generaciones, me temo, carecen de la capacidad de sacrificio y de tolerancia a la frustración que tenían las precedentes. Y como si esto fuera poco, un mundo frágil e hiperendeudado apunta a crecimientos inferiores a los del pasado y a crisis recurrentes.

Por tanto, pretender que podemos asentar las bases del bienestar económico de nuestros hijos dando unas manitas de pintura a un modelo obsoleto -las famosas minireformitas de este gobierno-, resulta, en mi opinión, quimérico. La complacencia cortoplacista es dañina porque nos impide tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de rumbo que siempre deben hacerse aprovechando las coyunturas favorables. ¿Qué cambios? En el siguiente artículo haré algunas propuestas.

 

Fernando del Pino Calvo-Sotelo     

 

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